INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA COORDINADORES: ANTONIO GARCÍA CORREA, FUENSANTA HERNÁNDEZ PINA, PEDRO MIRALLES MARTÍNEZ Y JAVIER J. MAQUILÓN SÁNCHEZ

RESUMEN 

En este artículo planteamos los aspectos teóricos relacionados con el reto de construir una escuela inclusiva, que tenga como filosofía teórica y prioridad práctica, la normalización de la diversidad y la creación de una escuela para todos. Este tema es un antiguo reto educativo y social, pero que sigue perviviendo en la actualidad. Es un complejo planteamiento que requiere del trabajo de muchos, pero con el amparo de las instituciones educativas y políticas y una legislación que aborde la realidad del problema y que no pretenda poner “paños calientes” a un problema que día a día sigue sin solución, esta situación utópica puede llegar a ser una realidad. Como conclusión, plateamos que la necesidad urgente de sobrepasar el marco de lo educativo para que las escuelas tengan el apoyo sociopolítico necesario y realizar políticas de inclusión es la meta, una sociedad para todos.

INTRODUCCIÓN 

Es indudable que la diversidad en todas sus manifestaciones representa un importante desafío para los sistemas educativos, y difícilmente éstos harán que se pueda desarrollar una interacción positiva entre el alumnado que genere conocimiento, aceptación y valoración de los otros si se antepone asimilación a inclusión (Arnaiz & De Haro, 2004). La asimilación defiende un único modelo educativo y cultural cuyo objetivo es que todos los grupos y minorías adopten ese modelo, con los contenidos, las metodologías, los valores y las normas, las señas de identidad de la cultura dominante. Este planteamiento no reconoce que la sociedad es diversa, que en el ser humano habita como característica primordial la diferencia. Por ello, creemos que uno de los mayores retos para el sistema educativo es “entender y promover políticas y prácticas de inclusión que permitan alcanzar los aprendizajes básicos de la educación obligatoria a todo el alumnado” (Martínez Domínguez, 2011:165), aunque este objetivo es muy difícil de alcanzar si en la sociedad no se dan las mínimas condiciones de igualdad y justicia social. En ese sentido, somos también conscientes de que no se puede pretender que el sistema educativo acabe con la discriminación social y cultural. No por sí sólo, sino que exige el desarrollo y cumplimiento de políticas que mejoren las relaciones entre la educación en la escuela y el entorno (Levinson, Sutton & Winstead, 2010). En consecuencia, dada la situación de diversidad en la sociedad, apostamos por la educación inclusiva, porque supone una filosofía de actuación que sobrepasa el marco de lo educativo y hace hincapié en la construcción de políticas no segregadoras, evitando procesos de exclusión y apostando por la inclusión de todos los ciudadanos. Estamos convencidos de que la inclusión es un proceso de reestructuración escolar, un proceso de cambio que lleva su tiempo y que España tiene una responsabilidad inclusiva histórica que debe solucionar. Por eso, compartimos la propuesta que va en la línea de construir una escuela inclusiva entendida en términos de comunidad de aprendizaje (Flecha, 2010), es decir, que el proyecto curricular de centro se haga no desde una perspectiva técnica o administrativa, sino fundamentalmente crítica y transformadora, con la participación activa e implicación crítica de alumnos, familias, entidades y agentes sociales. Naturalmente, para conseguir ese gran objetivo socioeducativo se hace indispensable una profunda reflexión pedagógico-educativa que conduzca a una formación intensa como educación para toda la vida (Portera, 2009). Una formación- educación que encuentra su máxima expresión en la oferta de la escuela y de la propia Universidad, pero que tiene que consolidarse también en las instituciones educativas extraescolares, en el mundo del trabajo, en la sociedad civil, partiendo de análisis críticos de los fenómenos educativos (Genovese, 2003). 1. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA Se ha querido ver los orígenes del movimiento inclusivo en los años setenta, en la Ley de 1975 sobre Education for All Handicapped Children ACt de Estados Unidos (Esteve et al., 2010). Otros autores sitúan los orígenes de lo que se conoce hoy como educación inclusiva en el movimiento REI (Regular Education Iniciative) surgido en Estados Unidos en los años ochenta como una forma de incluir el sistema de educación especial en el sistema de educación general para educar a los alumnos compartiendo las mismas oportunidades y recursos de aprendizaje (Jiménez, 2010). Actualmente, el desarrollo de teorías y prácticas educativas ha llegado a distinguir entre integración e inclusión. La finalidad de la inclusión es mucho más amplia que la de la integración. Mientras que ésta pretende asegurar el derecho de las personas (fundamentalmente las que presentan alguna discapacidad) a educarse en los centros ordinarios, la inclusión aspira a hacer efectivo el derecho a una educación equitativa y de calidad para todos los alumnos, ocupándose sobre todo de aquellos que se encuentran excluidos o en riesgo de exclusión, para que puedan convertirse en ciudadanos activos y participativos, críticos y solidarios (López-Aznaga, 2011). En definitiva, como afirma Jiménez (2010), la integración es una manera de entender la diferencia, la inclusión es una manera de entender la igualdad.

En la actualidad parece aceptarse que, si realmente queremos construir un sistema educativo democrático, justo, igualitario y eficaz, no debemos dejar de lado a unos alumnos para centrarnos o dar prioridad a los otros; una escuela que apuesta por la inclusión debe centrarse en todos los alumnos y procurar que todos alcancen el éxito escolar según las peculiaridades sociopersonales de cada uno. Contamos para ello con el marco legislativo adecuado, una ley de Educación (LOE) y normativas, órdenes y decretos regionales para responder a la diversidad y convertir los sistemas educativos en centros inclusivos. Debemos recordar que la Ley Orgánica de Educación (LOE 2/2006) se inspira en principios tendentes a proporcionar una educación de calidad para todos los alumnos, sin exclusión y en todos los niveles, conseguir que todos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, prestando los apoyos necesarios, que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir una educación de calidad y equidad como garantía de igualdad de oportunidades. Es más, en su Título II llamado “Equidad en la Educación”, la LOE establece los recursos precisos para lograr la inclusión e integración de alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria. Y nos recuerda que la adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, favoreciendo la equidad y la cohesión social. En nuestro contexto más próximo, la Consejería de Educación de la Región de Murcia publicó el Decreto 286/2007, de 7 de septiembre, por el que se establece en currículo en educación primaria, así como el Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, para la Educación Secundaria Obligatoria, que ponen el acento en una atención educativa individualizada, en la prevención de dificultades y en la atención a la diversidad. Estos dos Decretos abrieron el camino a lo que sería “la joya de la corona regional” en materia inclusiva: el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, que junto con la Orden del 4 de julio de 2010, regulan el Plan de Atención a la Diversidad en los centros y de los cuales, los alumnos, se están beneficiando para conseguir su éxito escolar. Como se puede comprobar, a nivel legislativo la inclusión está presente y debería impregnar tanto las decisiones de la política educativa como caracterizar la organización y la respuesta educativa de las escuelas de educación primaria y secundaria para atender las características de la diversidad del alumnado. Lo que sucede es que comprobamos que frecuentemente la práctica pedagógica no tiene nada que ver con los principios y normativa que la regulan, unas veces por falta de medios, otras por falta de formación del profesorado, las más por falta de voluntad política y despreocupación de padres y madres… Cuestión que se confirmó en la Conferencia Internacional sobre Educación Inclusiva, celebrada en Madrid (2010) donde hubo unas conclusiones en las que se dice que la educación inclusiva es un derecho universal que requiere de políticas tendentes a que todos los ciudadanos reciban una educación de calidad, con equidad y excelencia, por los que los centros deben disponer de los recursos necesarios para ofrecer respuestas que garanticen esos buenos propósitos. Sin embargo, a continuación se remarca que la educación inclusiva sigue siendo una meta a conseguir. Hemos avanzado pero no olvidemos que la meta está aún lejana. Para que esa meta no sea tan lejana, la educación inclusiva ha de implicar al conjunto de una sociedad, porque resulta imposible pensar en una sociedad inclusiva si se trabaja únicamente desde las escuelas, por muy eficaces que éstas pudieran ser en sus prácticas educativas. Por ello afirmamos que, con ser fundamental, el papel que ha de desempeñar la escuela, no puede considerarse como el único elemento a tener en cuenta, y ello por dos razones fundamentales:

a) El proceso educativo no se limita a los años de escolarización, sino que se trata de un proceso que continúa a lo largo de la vida. 

b) Los procesos educativos alcanzan y se producen, cada vez en mayor medida, en los ámbitos no escolarizados, no formales, de la educación, siendo incluso determinantes en la puesta en pie de muchos mecanismos educativos sociales. Además, cada vez es más difícil establecer una distinción tajante entre marcos formales y no formales en el espacio educativo, dada la interconexión existente entre.

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